Última actualización: 29/10/2024
12 de julio de 2023
Día de la Justicia gratuita y el Turno de oficio
Orgullo de una nación moderna, de una nación sometida al imperio de la Ley, es garantizar el acceso a la Justicia a todos quienes la habitan, impidiendo que la falta de recursos sea un obstáculo insalvable para ello.
España, nación moderna y sometida al imperio de la ley, comparte ese orgullo al reconocer constitucionalmente tal acceso y tener desarrollada una legislación para hacer efectivo ese derecho.
En España, pues, el Estado cumple con el mandato constitucional.
Y lo hace a través de los Colegios de Abogados, que son quienes tramitan las peticiones de los ciudadanos, coordinándose -posteriormente- con los Colegios de Procuradores para la designación de tales profesionales.
Los Colegios – y a su costa- llevan a cabo esa labor de servicio público, poniendo a disposición de la Administración y de los ciudadanos su infraestructura, su sede, sus recursos, y su propio personal.
En un día como hoy, el primer reconocimiento ha
de ser para los empleados de nuestros Colegios, que soportan el peso administrativo de la gestión de un derecho fundamental y a quienes hay que agradecer su labor diaria -a veces, nada fácil-, su dedicación y profesionalidad.
En los Colegios cumplen una función determinante los miembros de la Comisión de Turno de Oficio, letrados que -de modo más que generoso, altruista y siempre gratuito- emplean su tiempo, sus recursos y sus conocimientos, cumpliendo con las misiones que les son encomendadas por la ley, resolviendo incidencias de todo tipo en la materia e interviniendo en distintos procedimientos administrativos en relación a la concesión o no al ciudadano del beneficio y al régimen disciplinario de los servicios prestados por los profesionales.
Hoy, es día para brindarles un homenaje y hacer patente el agradecimiento que merecen por su trabajo, profesionalidad y entrega.
Y la prestación del servicio, en la que intervienen los letrados y los procuradores, sujetos a requisitos de acceso, de formación continua y de responsabilidad.
Sobre ellos recae el peso del mantenimiento del estado de Derecho: sin ellos, que aseguran que cualquier ciudadano acceda a la Justicia a pesar de no tener recursos suficientes, simplemente, no habría Estado de Derecho, no habría Justicia, la Constitución quedaría en un papel muerto, plagado de preciosas declaraciones, pero sin vida.
Son todos esos profesionales los que hacen que la Constitución sea esa Carta Magna que impera en la cúspide de la legislación nacional.
La sociedad española ha de reconocer esta labor y el mérito de la misma.
Desde luego, hoy, desde el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, lo hacemos, agradeciendo a quienes -en cualquier tiempo- han sido o son no sólo abogados, sino abogados de oficio, y hoy representados por quienes reciben la distinción por veinte años de servicio: enhorabuena y gracias, compañeros.
Es 12 de julio, y la fecha de la celebración no es caprichosa: el Consejo General de la Abogacía Española instituyó este día conmemorando la fecha de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley 1/1996, de 12 de julio.
Y ojalá éste fuera el último 12 de julio.
Eso significaría que se habría promulgado una nueva ley, una ley en la quedaran desterradas las miserias y vergüenzas que la Administración pública hace recaer sobre el sistema, sobre los Colegios y sobre los colegiados.
Una nueva ley en la que se desterrara el carácter de obligatoriedad de prestación del servicio para los profesionales, salvo dispensa. El mantenimiento de esta situación sólo evoca una palabra: esclavitud.
Una nueva ley redactada con el concurso de los profesionales que -de verdad- conocen la materia, y en la que -definitivamente- todos los servicios -sin excepción- que se encargan a los profesionales estuvieran comprendidos, y se establecieran medios ágiles y rápidospara que cualquier tipo de cambio legislativo con obligación de nuevas prestaciones profesionales quedara inmediatamente incorporado y fuera retribuido.
Aunque cueste trabajo creerlo, a los profesionales, hoy, se nos obliga a trabajar en temas por los que no nos van a pagar, porque la misma Administración que nos lo impone, nos niega el pago: Sin inmutarse.
Un nuevo marco normativo en el que todos los abogados de España, sea cual sea el lugar en el que presten sus servicios, recibieran la misma contraprestación por ellos, haciendo desaparecer la injusticia de los distintos baremos retributivos, según donde se ejerza, ante el mismo trabajo.
Una nueva ley en la que las indemnizaciones -que así las llaman- por las distintas actuaciones tuvieran un contenido económico digno, suficiente, y se abandonaran -de una vez por todas- las miserables y exiguas previstas en la actualidad.
Indemnizaciones para las que, además, habrían de establecerse las revisiones temporales y las adaptaciones anuales necesarias al verdadero coste de la vida, todo ello, tan necesario.
Un texto legal en el que se asegurara a los profesionales el cobro de las actuaciones realizadas, con independencia de que el ciudadano obtenga o no, o se le revoque, el beneficio de Justicia Gratuita, siendo la Administración la que se encargara de exigir al ciudadano el pago de los servicios.
Esa ansiada norma que también asegurara a los Colegios un pago suficiente por la gestión de los procedimientos, con una elevación sustancial del llamado “pago por infraestructura”, y en el que la percepción de la cantidad no se viera impedida por el archivo del expediente (por ejemplo, por falta de aportación por el ciudadano de la documentación que debe aportar).
Una legislación que, en consonancia con la que reclamamos para todo el ejercicio profesional, reconociera y amparara el derecho de abogados y procuradores a la conciliación personal y familiar con nuestra profesión y con la prestación del servicio de Turno de oficio, de obligado acatamiento por todos los estamentos administrativos y judiciales. Que reconociera la posibilidad de suspensión y aplazamientos de vistas y toda clase de actuaciones, así como la paralización de plazos,por circunstancias personales y familiares de los profesionales, eliminando la discrecionalidad y el carácter excesivamente restrictivo de las últimas reformas, que son mejores que nada, todo sea dicho.
Que reconociera el derecho de los profesionales a ladesconexión digital, nueva variante de esclavitud física y emocional a la que se ven sometidos, permitiéndoles elegir días de desconexión de las plataformas de notificaciones.
Una ley en que quedara asegurado el pago puntual de los servicios prestados, impidiendo los más que conocidos retrasos sistemáticos en el abono, denunciados desde hace muchos años, y con altibajos constantes que -en algunas ocasiones- han sido sangrantes, impresentables e inexcusables. Ello, con un sistema de penalización para la Administración por el retraso, que podría consistir en el abono del interés de demora.
Una ley en la que se reconociera y se estableciera la cobertura social adecuada a quienes trabajan -en definitiva- para un servicio público, con cualquier fórmula, con reconocimiento, con carácter retroactivo, de los años prestados en turno como cotizados, ello, a través de la oportuna técnica legislativa.
El respeto a los profesionales y a su dignidad, en la prestación del servicio, ha de ser asegurado y de obligado acatamiento por todos los estamentos administrativos y judiciales, con la dotación de las infraestructuras necesarias para una digna atención del mismo.
Por eso, hoy, Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, no se extrañen si no nos ven especialmente alegres a quienes prestamos el servicio: estamos muy orgullosos de hacerlo, sabemos que somos el último recurso de los menos favorecidos, pero queremos hacerlo en condiciones dignas, porque -les aseguro- con dignidad se viene haciendo desde siempre.
Ojalá el año que viene -siendo 12 de julio o siendo otro día, se cambie o no el día de celebración- podamos decirles que la situación ha cambiado, que la ley ha cambiado y que nuestras demandas han sido atendidas.
Y hoy, en el centésimo quincuagésimo aniversario delviento de Libertad y Justicia que voló sobre esta tierra, sin ningún cariz político y al margen de valoraciones históricas, el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena renueva su compromiso de seguir luchando por la Justicia y por la libertad.
Muchísimas gracias.
