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La EPJ San Isidoro y la AJAC han firmado un convenio sin precedentes en el mundo jurídico cartagenero, que establece lazos entre ambos en la formación y otros terrenos.

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La charla, impartida por dos jueces y tres abogados, sobre la ejecución hipotecaria tuvo una masiva respuesta por parte de los abogados en ejercicio, cuya participación era voluntaria y que acudieron en masa. 

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Los alumnos asisten hoy a la práctica del Tribunal del Jurado, con el juicio del Crimen del Perpetuo Socorro.

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En Francia, el salario mínimo son 1.300 euros y recurrir una sentencia cuesta 100. En España, el salario mínimo son 645 y para defender tus derechos te exigen 800

Desde hace varios meses, los letrados están en primera fila de las movilizaciones contra la polémica ley de tasas aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón. El anuncio del ministro de Justicia de que retocará aspectos de la norma como las cuantías variables sigue siendo claramente insuficiente para el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, que acusa al ministro de sacrificar el derecho a la Justicia por los apuros económicos del Gobierno.

¿Qué ve más criticable la ley?

Hay muchas cosas malas, pero sobre todo que se ha hecho con una oposición histórica y un aluvión de críticas de todos los agentes de la Justicia, desde abogados a procuradores, pasando por jueces, fiscales y funcionarios, sobre todo por la falta de una actitud dialogante. Pero la más llamativa, para mí, son los ochocientos euros que te ponen de fijo para apelar un sentencia civil. Es decir, en un país donde ganar 1.200 euros ya es un buen sueldo al mes, te piden 800 por recurrir una sentencia, cuando una de cada tres se revocan, y luego ya veremos de cantidad variable. Después de todas las protestas de profesionales, partidos políticos y colectivos sociales, Gallardón dice que va a reducir... ¡el variable! Para hacernos una idea, en Francia la tasa por apelación es de poco más de 100 euros, y allí tienen un salario mínimo de 1.300 euros al mes. En España, con la paga legal más reducida en 645 euros, nos meten una tasa fija de 800, ocho veces más que en el país vecino. Eso ya de por sí resulta absolutamente increíble, porque para acceder a un recurso tú ya no tienes que pensar si tienes derecho o no, sino en si dispones o no de esos 800 euros.

El ministro se ha plegado al objetivo de recaudar, pese al histórico rechazo del mundo judicial

¿Qué tipo de cuestiones exigen este pago?

En asuntos de consumo, la reforma de la ley es grotesca. Es tan absolutamente disparatado que ahora tratan de cambiarla. Por ejemplo, ponen una tasa de ciento y pico euros por ir al contencioso-administrativo. A veces la cuantía de la tasa es superior a la cantidad reclamada por un consumidor ante una factura de teléfono o una reparación. Otro ejemplo es que cualquier sanción de tráfico que te pongan no la puedas recurrir. Los policías locales podrían ir por Cartagena multando a todos los coches y no pasaría nada, porque o pagas los ciento y pico de multa o pagas los ciento y pico de tasa. Siempre lo vas a pagar. Con estas tasas de Gallardón para mucha gente la Justicia... ¡se acabó! Es tan absolutamente enloquecido que el ministro dice que va a reformarlo. Veremos si lo hace. A día de hoy, la situación es que la que es.

Gallardón ha anunciado que reducirá solo la parte variable de las tasas. Veremos qué hace

¿En qué situación queda la justicia gratuita?

Hay un caso que es para morirse. En España existe la justicia gratuita. Tú vas a poner una reclamación con el turno de oficio y la ley dice que solo dejarás de pagar la tasa cuando se te reconozca ese derecho. ¿Qué significa eso? Que tu tienes acceso a la justicia gratuita, pero que para empezar a hacer el pleito, tienes que abonar primero la tasa. Y eso supone entre 135 y 150 euros, más un porcentaje del 0,10%. Así, aunque no tienes un duro o eres pobre de solemnidad, y aunque te van a dar la justicia gratuita sí o sí, para poner tu demanda... ¡pues no la puedes poner! Ésa es una de las cosas que la Defensora del Pueblo le ha dicho al Gobierno. A lo mejor esa persona acude por un procedimiento para reclamarle a su padre o a sus hijos una pensión de alimentos de trescientos o cuatrocientos euros. Al obligarle a pagar la tasa, a esa persona le has impedido que acceda a la Justicia. Estoy seguro de que no querían hacerlo, pero como redactaron la ley tan deprisa y tan mal, les salió eso. Ahora estamos pendientes de ver qué dice el ministro.

El Consejo General de la Abogacía ha denunciado que no se han tenido en cuenta informes previos.

Había que quitarles la paga como fuera. Pero todos sabemos quién es aquí la casta privilegiada

Es que ni siquiera preguntan. El ministro se ha plegado al objetivo del Gobierno de recaudar. No ha tenido en cuenta el informe del Consejo de Estado. Hay una administración consultiva que, antes de aprobarse una ley, emite un dictamen. Y el del Consejo de Estado le dice al ministro: 'Ministro, esta ley no se puede aprobar así. Esto está mal hecho'. Pero no mal hecho, está muy mal hecho. Pero, claro, había una disposición transitoria en esa ley que decía que se le iba a quitar la paga extraordinaria a los jueces y esa ley había que aprobarla antes de que entrara diciembre porque si no jueces, secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia devengaban esa paga extra. Había que aprobar la ley como fuera. Consecuencia: en lugar de sacar una ley específica para dejarlos sin esa paga, se dijo que eso iba como una disposición metida en esta ley. Y no sé por qué tiene que ir un tema de sueldo de los funcionarios de Justicia en una ley sobre tasas. Pero, bueno, ¡otra barbaridad legislativa!

¿Ve justificada la eliminación de esa paga? Sobre los jueces, se ha ha insinuado que hay una casta privilegiada que disfruta, por ejemplo, de muchos días libres al año.

Yo sí sé cuál es la casta privilegiada en España.

¿Los políticos?

Todo el mundo lo sabe. No hace falta ni que lo diga. Pregunte en la calle y... Ellos tienen que obtener dinero de donde sea, tienen que recaudar. Sin más. Y para recaudar, tienen que hacer cosas. Y las cosas que hacen son sacarle dinero a los ciudadanos con las tasas, quitarle dinero a los funcionarios de la Administración de Justicia... Es que un juez no gana tanto. Ya quisiera un juez ganar lo que gana algún político municipal. Pero ¡ni de lejos! Además, a los jueces el poder político siempre ha querido tenerlos controlados. Los jueces son los únicos que pueden acabar con ellos si cometen alguna tropelía. Al menos, si tienen los medios para ello y gozan de la independencia necesaria. Que no siempre la tienen.

¿Cómo es posible que hasta ahora no hayan levantado la voz para reclamar esa independencia? ¿Es necesaria también una regeneración interna en la Justicia?

La Justicia debería recuperar la conciencia de su papel social. Es única forma de limpiar la corrupción. La Justicia tiene sobre sus hombros la responsabilidad de eliminar la corrupción en España. Lo que ocurre es que España no tiene el sistema de Justicia que le corresponde.

Se legisla contra los abogados que defienden la libertad de las personas por un precio ridículo

Como colectivo, ¿cómo se sienten tratados por Gallardón?

Una de sus obsesiones es que en España hay demasiados abogados. Es tan ridículo como decir que hay demasiados médicos. Si quiere que haya menos abogados, que reduzca el número de injusticias, dicte leyes que sean comprensibles para la población y haga una justicia rápida. Verá cómo menos empresas consideran parte de su negocio retrasar los pleitos. En España un 85% de los abogados trabajan solos, y solo un 15% en grandes despachos. Parece que se quisiera que solo hubiera grandes despachos. No es aceptable. Un abogado pequeño no cobra mucho. En esta profesión hay bolsas de pobreza. A los letrados también se les embarga. Y se está legislando contra esos abogados que defienden día a día a un precio verdaderamente ridículo de 5 euros la hora la libertad de la gente en el turno de oficio. Eso es no entender cómo funciona la justicia gratuita ni el papel de esta profesión.

 

 

 

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No podíamos permanecer sin hacer nada ante el drama de los desahucios y las hipotecas y hemos hecho lo que sabemos hacer: Ofrecer asesoramiento y defensa gratuitas.

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El consejero de Presidencia, Manuel Campos, se reunió hoy con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, para abordar la reforma legislativa que prevé realizar el Gobierno central en materia de servicios profesionales y su posible afección al colectivo de la abogacía, pues supondría suprimir los colegios de Cartagena y Lorca centralizando esa función sólo con el de la ciudad de Murcia. Campos ha expresado que, si la reforma sigue adelante, llegado el caso presentará una moción en la Asamblea Regional para evitar esas desapariciones.

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Alerta roja ante el temor de que supriman el Colegio de Abogados de Cartagena

El consejero ha expresado a José Muelas el apoyo del Gobierno Regional para que sigan funcionado como hasta ahora los colegios de letrados de Cartagena y de Lorca. Manuel Campos ha indicado que desde la consejería han tenido un apoyo importante las peticiones de los diferentes colegios oficiales de la Región y que espera que desde el ministerio de Justicia sean sensibles y estas peticiones sean contempladas, "respetando cuestiones como la tradición histórica, la eficacia, la economía y la buena prestación de servicio público".

José Muelas, por su parte, ha valorado la reunión como "extremadamente positiva por los compromisos que asume el Gobierno autonómico con los tres colegios de abogados de la Región, lo que supone un buen servicio para la ciudadanía". El decano trasladó la importante labor que ejercen los profesionales de los colegios de abogados de la Región en la prestación de servicios, como es la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos.

 

 

 

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